Tras el naufragio del Prestige cerca de las costas españolas, el Ejecutivo ejercitó una acción civil ante los tribunales nacionales. Afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que una sentencia que confirma un laudo arbitral solamente puede impedir el reconocimiento de resoluciones judiciales de otros Estados miembros si el contenido de dicho laudo también habría podido ser objeto de una resolución judicial.
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